Declaración Universal de Derechos Humanos (UDHR)

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Es una declaración y no un tratado vinculante, y así lo dice en sus propios términos: la Asamblea General la proclama como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Su fuerza jurídica llegó después, a través de los pactos y las convenciones que sembró, varios de los cuales se conservan junto a ella en este banco. Su preámbulo enuncia el razonamiento que los artículos después aplican. El reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana se nombra como la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos se nombran como aquello que originó actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, escrito tres años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. El preámbulo ofrece además una justificación llamativamente práctica del Estado de derecho: es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que la persona no se vea compelida al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. La Declaración pide a cada individuo y a cada institución de la sociedad que promuevan el respeto de estos derechos mediante la enseñanza y la educación, y que aseguren su reconocimiento por medidas progresivas de carácter nacional e internacional. Los artículos 1 y 2 fijan el marco. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y de conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos enunciados sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, y no puede hacerse distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país al que pertenece una persona, sea este independiente, en fideicomiso, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Esa última cláusula se escribió teniendo a la vista, de forma directa, los territorios coloniales. Los artículos 3 a 21 llevan los derechos civiles y políticos: la vida, la libertad y la seguridad personales; la libertad frente a la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas; la libertad frente a la tortura y frente a las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el reconocimiento de la personalidad jurídica en todas partes; la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley; un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes; la libertad frente a la detención, la prisión o el destierro arbitrarios; una audiencia justa y pública por un tribunal independiente e imparcial; la presunción de inocencia y la ausencia de castigo por ley retroactiva; la protección frente a injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia y frente a los ataques a la honra y la reputación; la libertad de circulación y de residencia, y el derecho a salir de cualquier país, incluido el propio, y a regresar a él; el derecho a buscar asilo y a disfrutar de él frente a la persecución; el derecho a una nacionalidad y a no ser privado de ella arbitrariamente; el derecho a casarse y a fundar una familia con libre y pleno consentimiento, con la familia nombrada como el elemento natural y fundamental de la sociedad; el derecho a la propiedad y a no ser privado de ella arbitrariamente; la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, incluida la libertad de cambiar de religión o de creencia; la libertad de opinión y de expresión, incluida la de buscar, recibir y difundir informaciones sin limitación de fronteras; la libertad de reunión y de asociación pacíficas, sin que nadie pueda ser obligado a pertenecer a una asociación; y el derecho a participar en el gobierno, al acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, y a elecciones auténticas y periódicas por sufragio universal e igual y por voto secreto. Los artículos 22 a 27 llevan los derechos económicos, sociales y culturales, que son la mitad de la Declaración que más a menudo se omite cuando se la resume. Comprenden la seguridad social; el derecho al trabajo, a la libre elección de empleo, a condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo; igual salario por trabajo igual sin discriminación; una remuneración que asegure una existencia conforme a la dignidad humana, completada si es necesario por otros medios de protección social; el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos; el derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre, incluida una limitación razonable de la jornada y vacaciones periódicas pagadas; el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar, incluidos la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, y a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otra pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias ajenas a la propia voluntad; cuidados y asistencia especiales para la maternidad y la infancia, con la misma protección social para todos los niños, nacidos dentro o fuera del matrimonio; el derecho a la educación, gratuita al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental y obligatoria en la etapa elemental, orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, con los padres titulares de un derecho preferente a escoger el tipo de educación que se dará a sus hijos; y el derecho a participar libremente en la vida cultural, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, y a la protección de los intereses morales y materiales que correspondan a la propia producción científica, literaria o artística. Los tres últimos artículos cierran la estructura. El artículo 28 reconoce a toda persona el derecho a un orden social e internacional en el que estos derechos puedan hacerse plenamente efectivos, lo que convierte a la Declaración en una afirmación sobre cómo está ordenado el mundo y no solo sobre cómo se trata a las personas. El artículo 29 establece que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, y solo permite limitaciones a los derechos cuando estén determinadas por la ley y tengan el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. El artículo 30 prohíbe interpretar nada de la Declaración en el sentido de que confiera a un Estado, un grupo o una persona derecho alguno a emprender actividades encaminadas a la destrucción de los derechos que enuncia.