Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT)

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 mediante la resolución 39/46 y entró en vigor el 26 de junio de 1987. Su preámbulo la funda en el reconocimiento, por la Carta de las Naciones Unidas, de los derechos iguales e inalienables, en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ya prohibían la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en la Declaración de 1975 sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura. Los Estados partes se describen a sí mismos como deseosos de hacer más eficaz la lucha contra la tortura, que es la descripción honesta de lo que la Convención agrega: no una prohibición nueva, sino la maquinaria que respalda una ya existente. El artículo 1 define la tortura como todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con fines tales como obtener información o una confesión, castigar, intimidar o coaccionar, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, o con su consentimiento o aquiescencia. Quedan excluidos los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, y el artículo se entiende sin perjuicio de cualquier instrumento de mayor alcance. El artículo 2 es donde la Convención enuncia su carácter absoluto. Cada Estado parte debe tomar medidas eficaces para impedir la tortura en todo territorio bajo su jurisdicción, y no puede invocarse ninguna circunstancia excepcional, incluidos el estado de guerra, la inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, para justificarla. Una orden de un superior o de una autoridad pública tampoco constituye justificación. El artículo 3 añade la regla de no devolución: ningún Estado parte puede expulsar, devolver ni extraditar a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura, y al evaluar ese peligro las autoridades deben tener en cuenta la existencia en el Estado receptor de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. Los artículos 4 a 9 convierten la prohibición en derecho penal con alcance internacional. Los Estados deben tipificar como delitos en su legislación penal la tortura, la tentativa de tortura y la complicidad o participación en ella, castigadas con penas que reflejen su gravedad. Debe establecerse la jurisdicción sobre los delitos cometidos en el territorio de un Estado, a bordo de los buques y aeronaves matriculados en él, por sus nacionales, a su discreción cuando la víctima sea nacional suyo, y sobre todo presunto autor que se encuentre en su territorio y al que no extradite. El Estado en cuyo territorio se encuentre un presunto torturador debe detenerlo o tomar otras medidas legales, realizar una investigación preliminar y notificar a los Estados interesados, y el Estado que no extradite debe someter el caso a enjuiciamiento con las mismas normas probatorias que cualquier delito común grave, garantizando en todo momento un trato justo al acusado. La tortura se considera delito extraditable en todo tratado de extradición entre Estados partes, y la propia Convención puede servir de base jurídica para la extradición cuando no exista tratado. Los Estados deben prestarse entre sí el mayor auxilio posible en los procedimientos penales relacionados. Los artículos 10 a 16 abordan la prevención, la reparación y la prueba. La educación sobre la prohibición de la tortura debe incorporarse a la formación del personal encargado de hacer cumplir la ley y del personal militar, médico y de cualquier otro tipo que intervenga en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de personas detenidas, y a las normas que rigen sus funciones. Las normas, los métodos y las prácticas de interrogatorio y las disposiciones sobre la custodia deben someterse a examen sistemático. Todo motivo razonable para creer que se ha cometido tortura obliga a una investigación pronta e imparcial, y toda persona que alegue haber sido torturada tiene derecho a presentar una queja y a que su caso sea examinado pronta e imparcialmente, con protección frente a malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja. Las víctimas deben obtener reparación y un derecho exigible a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible, y las personas a su cargo tienen derecho a indemnización si la víctima muere. El artículo 15 impide que toda declaración que se demuestre hecha como resultado de tortura pueda invocarse como prueba en ningún procedimiento, salvo contra una persona acusada de tortura como prueba de que la declaración fue hecha. El artículo 16 extiende el deber de prevención, y con él los artículos 10 a 13, a otros actos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que no lleguen a ser tortura. La maquinaria institucional de las partes II y III es de procedimiento. Establece el Comité contra la Tortura, diez expertos independientes con mandatos de cuatro años elegidos por los Estados partes, ante el cual los Estados informan dentro del año siguiente a la entrada en vigor y cada cuatro años después. El Comité puede realizar investigaciones confidenciales sobre información fiable de tortura sistemática en virtud del artículo 20 y, respecto de los Estados que acepten esa competencia por separado, puede examinar quejas entre Estados en virtud del artículo 21 y quejas individuales en virtud del artículo 22. Esas aceptaciones son opcionales, y un Estado puede declarar que no reconoce en absoluto la competencia de investigación del artículo 20, que es el único punto en el que se puede quedar fuera de la supervisión de la Convención. Las controversias pueden llevarse a arbitraje o a la Corte Internacional de Justicia, con posibilidad de reserva. Los textos auténticos son el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso.